Todos conocemos lo que sucedió el pasado domingo. Según cifras de la AUFP, 95% de los futbolistas profesionales se abstuvieron de participar en los partidos de la jornada por temor a que su seguridad se viese comprometida debido a las protestas que se llevan a cabo en el país. Los equipos se ampararon en una providencia de la FVF y convocaron futbolistas de sus categorías juveniles para cumplir con el calendario. Dos entrenadores fueron despedidos y aún no hay claridad en cuanto al futuro de algunos futbolistas. Se condenó al entrenador de El Vigía por dirigir pero se aplaudió a otro que hizo lo mismo. Pasadas las horas, ¿realmente hemos reflexionado sobre lo sucedido y hacia dónde vamos?
Rápidamente podemos decir que el gremio de jugadores ha dado el primer paso importante de su corta existencia. Su crecimiento ha sido lento, pero hoy, errores más y errores menos, pareciera contar con el poder necesario para ser escuchado. Queda la sensación de que ante inmediatos escenarios de conflicto, la asociación está obligada a actuar con la misma firmeza que el pasado fin de semana. La posición asumida por el Atlético Venezuela de rescindir los contratos de muchos de sus jugadores es la oportunidad para demostrar si realmente existen o sólo fue un espejismo.
Por otro lado, resulta que hay un único culpable de los males de este fútbol. Debo recordarle al lector que la directiva de la FVF es elegida a través del voto de las asociaciones estadales y de los presidentes de los equipos de primera división. Si estos últimos están tan seguros acerca de la raíz del problema, ¿como aprueban todos los años la memoria y cuenta de esta directiva y luego la reeligen como a ningún gobernante democrático en el mundo?
Es necesario hacer énfasis en este punto. Quienes dirigen este fútbol lo hacen gracias a la autorización que le entregan estos directivos, y son ellos quienes, en período electoral, tienen la potestad de decantarse por una opción diferente, algo que no han hecho en casi 30 años, por lo que sus arrebatos recientes son cuando menos sospechosos. Rafael Esquivel y Laureano González son funcionarios electos, no herederos.
Decía el filósofo español José Antonio Marina: “la filosofía, en este momento, tiene que ser un servicio publico. Creo que la sociedad necesita de ese proceso de reflexión sobre lo que pasa, sobre lo que hace y sobre lo que se dice porque sino podemos perder el rumbo con mucha facilidad”. El futuro pasa por dudar, reflexionar y pensar acerca de lo sucedido en estos días. Antes de creerle las mentiras al gritón de turno mejor hacerle caso a Marina.
Columna publicada el jueves 27 de Febrero de 2.014 en el diario Líder